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Un problema de origen es que el presidente de la Comisión Bicameral, diputado Víctor Ríos, es al mismo tiempo rector de la Universidad Nacional de Pilar, así como antes el titular de la Comisión de Educación, senador Juan Manuel Marcos, era rector de UniNorte. Hay un claro conflicto de intereses porque  elaboran leyes para sí mismos.

El proyecto en estudio adolece de serias deficiencias, tales como:

-      Se crea un Consejo Nacional de Educación Superior con 9 miembros de los cuales 7 son representantes de entes públicos y solo 2 del sector privado. Los funcionarios estatales tendrán potestad sobre los centros privados.

-      En dicho Consejo hay un representante de Diputados y otro del Senado. ¿Por qué los políticos tienen que dirigir la educación superior, cuando algunos de ellos no tienen siquiera título de bachiller?

-      La apertura de universidades sigue siendo prerrogativa del Congreso. El problema es que ahora para que el Consejo intervenga, clausure o reabra una universidad también necesita el acuerdo previo de las dos cámaras parlamentarias. Ya que estamos, ¿por qué los diputados no toman los exámenes y firman los títulos también?

-      En el Consejo Superior también hay representantes de la Secretaría Técnica de Planificación y del CONACYT. Si tanta gente integra el organismo directivo, por qué no incluimos también a miembros de la UIP, de SENACSA, del IPS, de Tekojoja y de Cerro Porteño?

-      El proyecto de ley elimina la actual agencia de acreditación (ANEAES) y la reemplaza por un sistema que prevé una agencia oficial que velará por la calidad de la enseñanza pero también se prevén agencias privadas de acreditación con las mismas atribuciones. Esto es rifar la calidad académica al mejor postor pues una o varias universidades se asociarán para crear su propia institución acreditadora de la calidad y entonces la universidad de garaje de Huguá Ñandú encabezará el ranking de mejores centros de educación superior acorde a los estándares que ella misma elaboró.

El proyecto de ley padece de dos males inaceptables: 1)  La creación de universidades seguirá en manos de dirigentes políticos, lo que significa que los compadres, los cuates o los socios comerciales de los parlamentarios podrán convertir su escuelita pyharé en universidad en cualquier momento. 2) La educación superior será encarada, prioritariamente como negocio utilizando para ello a las agencias privadas de acreditación. La certificación de la excelencia académica solo dependerá del monto que se pague por ella.

En resumen, el Estado y los políticos deberían tener menor injerencia en el sistema de educación superior; los rectores de universidades privadas deberían tener mayor presencia en los órganos directivos,  y, para un país tan pequeño, una sola agencia nacional de acreditación es suficiente. Las agencias privadas huelen a negocio para engañar a incautos y enriquecer a sinvergüenzas.

Ilde Silvero, decano de la Facultad de Filosfía y Ciencias Humanas/ Campus de Asunción

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